La elección es entre una estrategia climática que refuerce la seguridad económica y otra que la socave
A principios de este año la Comisión Europea indicó que estaba dispuesta a hacer algo que anteriormente hubiera sido rechazado por considerarse políticamente imposible: flexibilizar, para la industria, las normas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), el instrumento central de la política climática de la UE.
Este cambio, que se produce al tiempo que la UE ha reiterado su compromiso de reducir las emisiones de CO2 del continente en un 90 % con el horizonte de 2040, supone el reconocimiento de que la política establecida no está funcionando como debería.
El RCDE, que pone precio a las emisiones de CO2, ha sido un pilar fundacional de la ambición de la UE de liderar la transición energética a escala mundial. Ofreció un mecanismo para penalizar a los emisores e incentivar la descarbonización, permitiendo al mismo tiempo a Europa establecer una posición de ventaja en la generación de energía más limpia y con menores costes.
En algunos sectores ha dado sus frutos. El ejemplo más claro es el sector eléctrico, en el que las tecnologías para la descarbonización han podido ser aplicadas a escala comercial y, en muchos casos, suponen menores costes que la generación a partir de combustibles fósiles. Las emisiones producidas por las plantas eléctricas y térmicas en la UE27 se redujeron en torno a un 49 % entre 2005 y 2023.
Pero el RCDE no está funcionando para la industria de alto consumo energético. Prueba de ello es la situación en la siderurgia europea, en la que únicamente un reducido número de proyectos de descarbonización han sido aprobados. Para la siderurgia y otros sectores electrointensivos sigue siendo difícil acceder a fuentes de energía con bajas emisiones y bajo coste. No se cuenta con las condiciones propicias para la descarbonización, como precios competitivos de la electricidad, hidrógeno verde a bajo coste, contratos por diferencias de carbono, “primas ecológicas” para el acero o sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Ninguna empresa puede permitirse acometer inversiones sin una hoja de ruta creíble que permita mantener la competitividad.
Por otra parte, Europa es en efecto la única que aplica un coste significativo a las emisiones de CO2. Y, contrariamente a las esperanzas iniciales, los precios de la energía en Europa son mucho más elevados que en otras regiones. Por ello, la industria europea ha perdido competitividad, no solo en su propio mercado sino también en los mercados de exportación, que representaban una importante fuente de crecimiento.
En este contexto, la mayor preocupación para la industria siderúrgica y otros sectores electrointensivos “de difícil descarbonización” es el rápido y sustancial incremento de los costes derivados del RCDE previsto en los próximos cinco años. A principios de la década de 2030, suponiendo la ausencia de derechos de emisión gratuitos y un precio de las emisiones de carbono de 150 € por tonelada, calculamos que el coste del acero producido en la UE se habrá incrementado en aproximadamente un 50 %. Esto será un resultado directo de los sobrecostes vinculados a emisiones de carbono que impone el RCDE.
Esto, a su vez, tendrá profundas implicaciones para la actividad manufacturera intensiva en acero. Los fabricantes comunitarios tendrán que afrontar mayores costes derivados del RCDE; sin embargo, aún no está claro cuándo se aplicarán costes comparables a las importaciones de productos con alto contenido de acero. Y tampoco ha establecido la Comisión una bonificación propuesta para eliminar este coste en las exportaciones de productos con alto contenido de acero (como se aplica, por ejemplo, en el caso del IVA).
Este incremento de los costes se repercutirá a lo largo de la cadena de valor, causando una caída de la competitividad y la actividad, acelerando la desindustrialización, provocando un desplome de la inversión y acentuando aún más la reducción de empleo en el sector manufacturero en Europa. Esto iría directamente en contra del objetivo, establecido en la Ley de Aceleración Industrial de la UE, de aumentar el peso de la industria manufacturera en el PIB hasta el 20 %.
Estimamos que, en un escenario basado en el RCDE en su forma actual, esto podría provocar un descenso del 30-40 % en la actividad manufacturera en la UE, con consecuencias que afectarían a hasta cinco millones de puestos de trabajo en el conjunto de la cadena de valor.
Es un resultado que se debe evitar. Es preciso encontrar una vía para incentivar la descarbonización sin comprometer la competitividad. No es un problema fácil de resolver, pero la reforma del RCDE es esencial y aplaudimos a los responsables políticos europeos por volver a incluir esta cuestión en la agenda. Ya se han dado pasos importantes para apoyar al sector siderúrgico europeo, con la introducción en enero del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) y la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de los contingentes arancelarios. Solucionar la cuestión del RCDE es la pieza final del puzle.
La descarbonización es el objetivo que todos perseguimos, pero la solución para la industria siderúrgica radica en paralizar temporalmente el aumento de costes vinculados al RCDE, manteniéndolos en el nivel actual hasta que las condiciones propicias necesarias para una descarbonización económicamente viable de la siderurgia estén presentes y se hayan resuelto los problemas fundamentales que afectan a la competitividad de las importaciones y exportaciones, derivados de “consecuencias no deseadas” del RCDE.
Entretanto, será importante asegurar que los ingresos derivados del RCDE se destinen a la descarbonización industrial, y que las empresas pioneras en este terreno se sigan viendo incentivadas y no penalizadas. Solo así podrá nuestra industria contribuir de manera responsable a que Europa pueda materializar sus objetivos de reducción de emisiones con el horizonte de 2040, manteniendo al mismo tiempo un sector manufacturero robusto y competitivo, un objetivo que todos queremos alcanzar. La elección no es entre ambición climática y competitividad. La elección es entre una estrategia climática que refuerce la resiliencia y la seguridad económica de Europa, y otra que las socave.
Artículo escrito por el presidente ejecutivo de ArcelorMittal en el Financial Times