ArcelorMittal S.A. (“ArcelorMittal”) confirma que ha recibido hoy una citación judicial para comparecer ante el Tribunal de Milán, a instancias de los administradores extraordinarios de Acciaierie d’Italia S.p.A. en Administración Extraordinaria (“ADI”), la sociedad que gestiona las plantas siderúrgicas italianas propiedad de Ilva S.p.A. en Administración Extraordinaria (“Ilva”) y anteriormente gestionadas por esta última.
ArcelorMittal considera que la demanda interpuesta carece por completo de base fáctica o jurídica y defenderá enérgicamente su posición ante todas las instancias competentes.
ArcelorMittal rechaza categóricamente todas y cada una de las acusaciones formuladas en la demanda, incluyendo, entre otras, la acusación de haber inducido a los consejeros de ADI y a la Dirección local a incurrir en prácticas de administración desleal como parte de una estrategia «unificada» dirigida a esquilmar las plantas siderúrgicas, «destruir» a ADI y sus actividades empresariales y, en última instancia, «saquear» los beneficios sacándolos de Italia, causando a ADI daños y perjuicios por valor de aproximadamente 7.000 millones de euros.
La sociedad matriz de ADI, Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. (“ADIH” y, conjuntamente con ADI, el “Grupo ADI”), está gestionada desde 2021 bajo control conjunto y a partes iguales con la Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., Invitalia[1], una entidad íntegramente dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia y designada por el Gobierno de Italia para establecer una asociación público-privada con el objetivo de relanzar y adquirir las actividades empresariales de Ilva.
Lejos de extraer valor, ArcelorMittal, que cuenta con una dilatada trayectoria de recuperación de la rentabilidad en plantas con bajo rendimiento, cumplió con todas sus obligaciones, no orientó ni influyó de manera ilícita en la Dirección local e invirtió aproximadamente 2.000 millones de euros en la recuperación de la viabilidad de una empresa afectadas por problemas estructurales. Una parte significativa de dicha inversión se destinó a un amplio plan ambiental, al objeto de asegurar la conformidad con las condiciones recogidas en la Autorización Ambiental Integrada (Autorizzazione Integrata Ambientale, “AIA”) establecida por el Gobierno de Italia.
ArcelorMittal se vio obligada a operar en un contexto que, poco después de completarse la transacción, se vio profundamente afectado por una actitud de confrontación y actos y omisiones deliberadas por parte de Invitalia e Ilva, así como por omisiones e intervenciones legislativas ilegítimas por parte del Gobierno de Italia. En particular, en 2019 (transcurrido menos de un año desde que ArcelorMittal iniciase el arrendamiento de las unidades de negocio) el Gobierno de Italia anuló las salvaguardas jurídicas que resultaban necesarias para que ArcelorMittal pudiera materializar el plan ambiental sin incurrir en el riesgo de responsabilidades penales derivadas del estado de las plantas. Esta anulación, que supuso un incumplimiento de las condiciones suspensivas para la adquisición, llevó en último término a ArcelorMittal a retirarse del correspondiente acuerdo de arrendamiento (información adicional al respecto disponible a través de este enlace); dicha retirada se pactó entonces en consonancia con el acuerdo con Invitalia, la cual asumió el control conjunto de ADI (con el objetivo final de obtener el pleno control de esta entidad). Asimismo, a pesar de diversas propuestas pragmáticas planteadas y de los mejores esfuerzos realizados por ArcelorMittal, Invitalia incumplió los compromisos que había asumido para relanzar el Grupo ADI y el Gobierno de Italia aprobó diversas disposiciones jurídicas ad hoc que en febrero de 2024 permitieron a Invitalia poner a ADI bajo administración extraordinaria (información adicional al respecto disponible a través de este enlace), lo que supuso la expropiación de facto de gran parte de la inversión de ArcelorMittal.
Cualquier argumentación que busque exigir responsabilidades a ArcelorMittal carece por completo de base fáctica o jurídica y no tiene en cuenta las obligaciones asumidas, en el marco de la asociación público-privada, por Invitalia y el Gobierno de Italia, cuyas repetidas actuaciones obstaculizaron la materialización de dichas obligaciones y afectaron directamente a la capacidad de producción del Grupo ADIO, a sus flujos de tesorería y a la ejecución de las inversiones previstas.
ArcelorMittal ha interpuesto múltiples demandas por daños a sus inversiones. Por ejemplo, en junio de 2025, inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Italia, la cual, ArcelorMittal sostiene, expropió ilícitamente su inversión y aplicó medidas que fueron discriminatorias, injustas, desproporcionadas y contrarias a las expectativas legítimas de ArcelorMittal. Estas acciones provocaron graves daños a ArcelorMittal, ya que llevaron a la pérdida de sus inversiones y afectaron adversamente a sus intereses en un ámbito más amplio en Europa, lo que motivó una reclamación de daños por un valor global superior a 1.800 millones de euros.
[1] Agencia Nacional para la Atracción de Inversiones y el Desarrollo Empresarial.